Tribunal que vio recursos de Santos y Guanacasteca revocará destitución del Icoder

Triacode asegura que no se respetó sus derechos y el debido proceso

Tribunal que vio recursos de Santos y Guanacasteca revocará destitución del Icoder

Ellos son los cinco miembros del Triacode. De izquierda a derecha: Carlos Eduardo Umaña Brenes, Ricardo Chacón Cuadra, Gioconda Elizondo Navarro, Roger Antonio Valverde Sancho y Kenneth Muñoz Ureña.

Ferlin Fuentes·29 de julio de 2025 a las 4:27 p. m.

Los abogados Ricardo Chacón y Carlos Umaña, exjueces administrativos del Tribunal de Conflictos Deportivos (Triacode), anunciaron que revocarán —mediante recurso— la decisión del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (Icoder) que los destituyó de sus cargos.

La remoción fue acordada en la sesión ordinaria N.° 25-2025 del Consejo, celebrada el 24 de julio, a raíz de las medidas cautelares emitidas por el Triacode en los casos de la Asociación Deportiva Guanacasteca y el Santos de Guápiles. Ambos clubes recurrieron a ese tribunal tras decisiones del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol.

Chacón y Umaña afirmaron que la decisión del Icoder carece de fundamento legal y se tomó sin permitirles ejercer su derecho de defensa.

“Nos sentimos todos muy dolidos porque sentimos que han jugado con nuestros nombres, con nuestra honestidad profesional, y los que nos conocen saben que nosotros no nos vamos a prestar a resolver a favor de nadie”, expresó Umaña.

Por su parte, Chacón sostuvo que la medida no se justifica y aseguró que interpondrán el recurso de revocatoria en defensa de su honor profesional.

“Nosotros no hemos discriminado un caso u otro caso. Somos integrantes de un tribunal sobre el estado de derecho. Hay principios que son importantísimos considerar, que son el debido proceso y el derecho de defensa”, manifestó.

Ambos reiteraron que las resoluciones que emitieron estuvieron siempre apegadas a los principios jurídicos y no obedecieron a presiones ni favoritismos.

La polémica por sus destituciones ha encendido nuevamente el debate sobre la independencia de los tribunales deportivos y los límites del control institucional sobre órganos que deben actuar con autonomía.